Estado Actual e Histórico del Presupuesto Universitario

El objetivo principal de este sitio es ofrecer una plataforma transparente, con información pública y contrastable, para que cualquier persona, independientemente de su ideología, pueda realizar su propio análisis. La idea es que el análisis lo haga cada uno con la información que facilito de una forma más accesible, proveniente de fuentes confiables y transparentes. Sin embargo, también facilito el análisis para quienes lo prefieran. La idea es elevar la calidad del debate público, proporcionando información y datos públicos que permitan formar opiniones sin chicanas y sin menospreciar a nadie. Mi intención no es venir a decir cuál es el mejor modelo de universidad pública para el país. Creo que toda discusión que se plantee debe darse. No quiero decir si arancelar o no arancelar es lo correcto, ya que al menos esa no es la finalidad de este análisis. Lo que propongo es que todas las discusiones que se den en el ámbito público estén basadas en datos, con fuentes contrastables y públicas, para así elevar la calidad del debate. A pesar de que he hecho un gran esfuerzo en revisar que ninguna cuenta, análisis o información que divulgo tenga errores, es posible que haya cometido alguno. Sin embargo, lo bueno es que, al explicar detalladamente cómo realizo todas las cuentas y cómo manipulo los datos, facilito que se me pueda corregir, asegurando que la información divulgada sea lo más precisa posible.

No, Milei no empezó la desfinanciación a la educación superior. En gobiernos anteriores ya hubo caídas significativas en el presupuesto. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei ha agravado esta situación considerablemente, alcanzando uno de los picos más altos de desfinanciamiento. El pico de desfinanciación  en 2024 fue en febrero, cuando alcanzó un 65.44% de reducción comparado con el presupuesto ajustado de 2023.

A pesar que es cierto que con el análisis que decidí utilizar para comparar presupuestos el presupuesto universitario actualmente se encuentra desfinanciado, también es cierto que el gobierno de Milei mejoró altamente en pagar el presupuesto en orden y día. Mejoraron a pagar las transferencias en un promedio de 4.6 días, cuando antes había una diferencia de meses (68.4 días). Ver fuente.

El oficialismo también tiene un punto en que ciertos organismos en el gobierno anterior fueron impedidos de auditar ciertas instituciones. “A partir de un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini del 28 de noviembre de 2022, que concluyó que “no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones que, en materia de control interno, contienen los artículos 100 y concordantes de la Ley 24.156, que regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional, y establece a la SIGEN como contralor”. Una buena medida para añadir más transparencia y eficiencia que hizo este gobierno fue volver a habilitar a la SIGEN para auditar. El ministerio de capital humano anunció esta medida después de 10 meses de gobierno.Ver más sobre auditorías.

Ministerio de Capital Humano

@MinCapHum_Ar

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7:46 PM · Oct 15, 2024

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Tambien es cierto que Milei veto una ley que, entre otras cosas, proponía realizar auditorías externas para que el Congreso revisara los informes y sus senadores pudieran evaluar la eficiencia del presupuesto. Además, esta ley también buscaba recomponer los valores perdidos, sin aumentarlos a valores más altos que superen la inflación.

De todas formas, la SIGEN no es el único organismo capaz de auditar las universidades y que el oficialismo tiene otras herramientas a su disposición para llevar a cabo esas auditorías. Otro organismo que podría usarse para auditar a las universidades es la Auditoría General de la Nación (AGN). De hecho, la AGN tiene la facultad de auditar a cualquier entidad que reciba fondos públicos, incluidas las universidades. El problema actual radica en que el oficialismo y la oposición no logran ponerse de acuerdo para la renovación de tres auditores de la AGN que provienen de la Cámara de Diputados. Esto se debe a que ha transcurrido el periodo de ocho años correspondiente a sus mandatos, los cuales se establecieron entre 2016 y 2024 (Clarín). De acuerdo con la Ley 24.156, específicamente en el Artículo 122, seis de los auditores generales de la AGN son designados por resoluciones de ambas Cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres auditores a la Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Diputados, observando la composición política de cada cámara (Infoleg). Además, el Artículo 123 de la misma ley estipula que el séptimo auditor general, quien será el presidente del ente, será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso (Infoleg). El presidente del organismo (AGN) debe ser designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso, como lo establece la Constitución Argentina (Argentina.gob.ar). La falta de acuerdo ha postergado indefinidamente este proceso de renovación, prolongando la incertidumbre sobre la conformación final de la AGN (Clarín). Así como mencioné previamente, bajo el gobierno anterior es cierto que se le impidió al poder ejecutivo usar la SIGEN para auditar las universidades. Sin embargo, no es cierto que las universidades no se dejen auditar, ya que inclusive si no adhieren a ningún convenio, no hay nada que puedan hacer para evitar ser auditadas por la AGN. Esto se debe a que la AGN tiene la facultad de auditar todas las instituciones públicas, incluidas las universidades. El problema radica en que, por la falta de acuerdo, a la AGN todavía le faltan 3 de los 7 auditores necesarios. A pesar de ello, la AGN ya presentó las auditorías planeadas para el 2025. El plan para el próximo año de la AGN ya fue girado a consideración de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Honorable Congreso de la Nación, y ahora son los legisladores nacionales quienes tendrán la decisión final respecto de dicho plan (Infobae).

Ante esta situación de pérdida de presupuesto, se convocó a una marcha en defensa de las universidades para el 23 de abril.

Cinco días antes de la marcha del 23 de abril, se anunció un aumento del 140% al presupuesto de funcionamiento de las universidades, junto con fondos adicionales para los hospitales universitarios. Este fue el primer anuncio significativo y ocurrió justo antes de la marcha. Aunque no fue una casualidad, tampoco lo considero negativo, ya que buscaba atender los reclamos de las universidades. El problema surgió cuando ciertos medios y voceros comenzaron a divulgar que el 140% era un aumento al total del presupuesto, lo cual es incorrecto. El presupuesto después del tweet habría aumentado solo un 6.26% en comparación con el presupuesto antes del tweet, lejos de alcanzar el 140%. Es decir, el presupuesto seguía desfinanciado, exactamente un 63.48%, lo que motivó a ciertos sectores a participar en la marcha del 23 de abril.

El presidente Javier Milei también divulgó información incorrecta para aparentar que no desfinanció el presupuesto universitario. Como mencioné antes, el aumento anunciado previo a la marcha no fue del 140% al total del presupuesto, sino de un 6.26%. Milei publicó un gráfico en el que utilizó este aumento, que nunca se afirmó que sería de esa magnitud, y mostró que, en dólares, dicho incremento apenas superaba el presupuesto de 2023 por unos pocos puntos. Es decir, incluso con un monto inflado y millones de pesos más, el presupuesto apenas superaba al del año pasado en dólares.

El presupuesto de 2024 está actualmente 30.41% desfinanciado (en VIVO) comparado con el presupuesto de 2023 ajustado por IPC.

Ante esta situación de estado presupuestario, el Senado aprobó la ley de Financiamiento a Universidades Nacionales (Luego vetada por Presidente de la Nación Argentina) con dos puntos claves:
- Recomponer el presupuesto afectado por la inflación, sin aumentarlo a valores ajustados por inflación más altos: Desde el mes siguiente a la sanción de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024, los salarios deberán actualizarse mensualmente conforme a la inflación informada por el INDEC.
- Realizar auditorías para mayor eficiencia: La Auditoría General de la Nación, conforme a la ley 24.521, realizará auditorías y remitirá de inmediato los informes al Congreso junto con las observaciones y un plan de seguimiento y control.